Entran en vigor mañana penas más duras contra el secuestro

Publica la PGR la reforma a la ley general que sanciona ese delito. Permite la prisión preventiva para los procesados por ese ilícito

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de febrero.- La Procuraduría General de la República (PGR) publicó las reformas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que entrarán en vigor el lunes 28 de febrero.

Dichas reformas, contenidas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de dicha ley, permiten la prisión preventiva para los procesados por actos ilícitos como secuestro.

Esos artículos establecen distintas sanciones si el delito se comete con violencia, si es secuestro exprés, si causa daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros, si la víctima es menor de 18 años o mayor de 60, o si se trata de una embarazada.

Determinan además castigos si durante o después del cautiverio la víctima es privada de la vida por sus secuestradores, o muere debido a cualquier alteración de su salud a consecuencia del plagio, o por enfermedad previa que no hubiese sido atendida por los partícipes del delito.

En el primer párrafo del artículo 12 de la Ley General de referencia establece también que la vigilancia policial postpenitenciaria puede establecerse hasta por cinco años después de la liberación del sentenciado.

La dependencia precisó que la reforma está en completa armonía con la vigencia de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dio origen a la mencionada reforma una iniciativa que el 15 de febrero presentaron los senadores de los partidos Acción Nacional, Alejandro González Alcocer; Revolucionario Institucional, Jesús Murillo Karam; y de la Revolución Democrática, Tomás Torres Mercado.

Dicha reforma fue aprobada previamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados los días 17 y 24 de febrero respectivamente, detalló la dependencia federal.

Finalmente, destacó que con esas acciones se optimizan las medidas de protección, atención y asistencia a víctimas u ofendidos, al tiempo que se dota a la autoridad de más y mejores recursos para la integración de sus averiguaciones, siempre con pleno respeto a los derechos humanos.

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